Alcalde Mauricio Tabe deslinda a su administración tras colapso en Viaducto

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó este martes que la demolición ocurrida recientemente sobre Viaducto Miguel Alemán contaba con los permisos necesarios emitidos por la autoridad local. Durante una conferencia de prensa, el funcionario puntualizó que la responsabilidad técnica y legal sobre la ejecución de los trabajos recae directamente en el Director Responsable de Obra (DRO), quien deberá responder ante las autoridades correspondientes por las irregularidades que provocaron el colapso.

El incidente ha generado una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil en la zona limítrofe de la alcaldía. Según lo expuesto por el equipo de comunicación de la demarcación, la alcaldía mantiene una postura de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar si existió negligencia en los protocolos de seguridad durante las maniobras de derribo de la estructura.

Por su parte, vecinos de la colonia Escandón han manifestado su preocupación ante el impacto de estas obras en la infraestructura urbana circundante. Los residentes señalan que, en los últimos meses, el aumento de proyectos inmobiliarios en la zona ha incrementado los riesgos de daños estructurales en viviendas aledañas, además de denunciar afectaciones ambientales derivadas del manejo inadecuado de escombros y polvo en suspensión.

La administración de Miguel Hidalgo indicó que, como parte de las medidas inmediatas, se ha ordenado la suspensión temporal de las actividades en el predio afectado mientras se realizan los peritajes técnicos necesarios. Asimismo, el personal de la alcaldía ha recibido instrucciones de verificar el cumplimiento de los reglamentos de construcción en otras obras activas dentro de la demarcación para prevenir futuros incidentes que pongan en riesgo a la ciudadanía.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la supervisión de las obras privadas en la capital del país. Mientras las autoridades locales deslindan responsabilidades administrativas, los habitantes de la zona exigen mayor transparencia en la autorización de licencias y una vigilancia más estricta sobre los profesionales encargados de supervisar la seguridad en los sitios de construcción.