Álvarez Máynez solicita el desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya
El dirigente político Jorge Álvarez Máynez presentó una petición formal para retirar la inmunidad constitucional al gobernador de Sinaloa tras su reincorporación al cargo.
Jorge Álvarez Máynez formalizó este domingo una solicitud ante las autoridades legislativas para iniciar un proceso de desafuero contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La petición surge inmediatamente después del regreso del mandatario estatal a sus funciones ejecutivas, argumentando la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante las recientes controversias que han envuelto a la administración sinaloense.
El dirigente político enfatizó que la permanencia de Rocha Moya en el cargo, bajo las actuales circunstancias de inseguridad y cuestionamientos públicos en el estado, obstaculiza el correcto desarrollo de las investigaciones ministeriales. Según lo planteado por su equipo de trabajo, el desafuero es una medida necesaria para que el gobernador pueda enfrentar cualquier señalamiento ante la justicia en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano.
La solicitud se basa en la facultad del Congreso de la Unión para revisar la procedencia de la inmunidad constitucional de los funcionarios públicos de alto nivel. Álvarez Máynez sostiene que el contexto de violencia y la crisis de gobernabilidad en la entidad exigen una actuación contundente de las instituciones federales para restaurar la confianza de la ciudadanía en las autoridades locales.
Por su parte, el entorno del gobernador sinaloense ha mantenido una postura de reserva, centrando sus esfuerzos en la reanudación de las actividades administrativas y de seguridad en el estado. Se espera que el Poder Legislativo analice la procedencia de esta solicitud en los próximos periodos de sesiones, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este movimiento político añade una capa de complejidad al panorama estatal, donde la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de Sinaloa ha sido objeto de constantes revisiones. Mientras el proceso legal sigue su curso, diversas organizaciones civiles han manifestado la importancia de que cualquier investigación se realice con pleno apego a la legalidad y al debido proceso.
