Aspirantes de la UNAM presentan amparos contra examen de control

Cuatro aspirantes a diversas licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron este martes los primeros amparos ante tribunales federales contra la aplicación de los nuevos exámenes de control establecidos para el proceso de ingreso. Los demandantes argumentan que las evaluaciones adicionales generan incertidumbre jurídica y podrían vulnerar su derecho constitucional al acceso a la educación superior pública.

El recurso legal busca frenar la exigencia de estas pruebas de evaluación, las cuales fueron implementadas recientemente por las autoridades universitarias como parte de sus políticas internas de selección. Los abogados de los jóvenes señalan que los exámenes no estaban contemplados en la convocatoria original, lo que altera las condiciones bajo las cuales los estudiantes iniciaron su trámite de admisión a la máxima casa de estudios.

La controversia surge en un momento crítico del calendario académico, cuando miles de jóvenes esperan los resultados definitivos del proceso de selección para el ciclo escolar vigente. Por su parte, la UNAM ha mantenido que sus procesos de admisión se rigen por los principios de autonomía universitaria, facultad que le permite determinar sus mecanismos internos para evaluar a los candidatos a ingresar a sus aulas.

Especialistas en derecho educativo señalan que la resolución de estos amparos podría sentar un precedente importante sobre la capacidad de las instituciones de educación superior para modificar sus criterios de evaluación de manera unilateral. Mientras tanto, los aspirantes afectados permanecen a la espera de que un juez determine si se otorgará la suspensión provisional de estos exámenes mientras se analiza el fondo del asunto.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene una postura de respeto a la autonomía universitaria, observando el desarrollo del caso ante el Poder Judicial de la Federación. Se espera que en los próximos días otras organizaciones estudiantiles se pronuncien sobre la viabilidad de estos mecanismos de control y su impacto en la equidad de las oportunidades de estudio en México.