Fallas tecnológicas en la UNAM profundizan la brecha de desigualdad estudiantil

Estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México han reportado, durante las últimas semanas, interrupciones constantes en las plataformas institucionales y servicios de conectividad, situación que ha comprometido el desarrollo de sus actividades académicas. Este problema, que ocurre en medio del ciclo escolar vigente, afecta principalmente a alumnos que dependen exclusivamente de la infraestructura universitaria debido a la falta de herramientas tecnológicas en sus hogares, evidenciando una brecha de desigualdad que persiste en el acceso a la educación superior pública.

La inestabilidad en los sistemas digitales de la institución no solo ha impedido el registro oportuno de trámites y la entrega de trabajos, sino que ha generado un ambiente de incertidumbre sobre la continuidad de los procesos evaluativos. Académicos han señalado que la falta de previsión ante el incremento de usuarios en las redes internas refleja una debilidad estructural que requiere atención urgente por parte de las autoridades universitarias, especialmente para evitar que los estudiantes con menores recursos sean los más perjudicados.

Ante este panorama, colectivos estudiantiles han solicitado a la administración universitaria implementar medidas de contingencia que aseguren la equidad en el acceso a los servicios digitales. Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa, destaca la necesidad de ampliar los horarios de acceso a laboratorios de cómputo en diversos planteles y fortalecer los servidores centrales para soportar la alta demanda de tráfico de datos que se registra diariamente.

La problemática pone sobre la mesa el debate sobre la modernización institucional y la responsabilidad de garantizar que la tecnología sea un facilitador del aprendizaje y no una barrera adicional para el alumnado. Mientras las autoridades universitarias evalúan ajustes en sus políticas digitales, la comunidad estudiantil espera soluciones concretas que no dependan de la capacidad económica de cada individuo, sino del compromiso institucional con la gratuidad y la calidad educativa.