Implicada en caso Wallace obtiene permiso humanitario para salir de prisión domiciliaria
La mujer, procesada por su presunta participación en el caso Wallace, abandonó su domicilio bajo un permiso humanitario tras meses de litigio.
Una mujer vinculada al proceso penal del caso Wallace logró abandonar su arresto domiciliario este sábado, tras obtener un permiso de carácter humanitario concedido por las autoridades judiciales. La medida, que permite su traslado a un centro médico especializado para recibir atención por complicaciones de salud, marca un precedente en este prolongado litigio que ha mantenido la atención de colectivos de derechos humanos durante años.
La determinación fue notificada a las partes involucradas esta mañana, permitiendo que la procesada fuera trasladada bajo custodia hacia un entorno hospitalario. El permiso humanitario se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho a la salud, un argumento que la defensa ha sostenido de manera recurrente ante los tribunales federales debido a la fragilidad física presentada por la mujer durante su encierro.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó recientemente a las autoridades competentes, incluidas las instancias del gabinete de seguridad, a revisar de manera exhaustiva la situación jurídica de la inculpada. La mandataria federal enfatizó la importancia de verificar que los procesos judiciales se apeguen estrictamente a los derechos humanos, calificando la situación de la procesada como una de las que deben ser analizadas para asegurar la justicia y el debido proceso.
El equipo de trabajo de la Presidencia ha señalado que la instrucción presidencial no interfiere con la autonomía del Poder Judicial, sino que busca garantizar que no existan dilaciones injustificadas en casos donde la salud de los procesados está en riesgo crítico. Se espera que en las próximas semanas las autoridades federales presenten un informe detallado sobre el estado de este y otros expedientes que han sido señalados por posibles irregularidades procesales.
Por su parte, organizaciones civiles que han acompañado el caso han expresado que esta medida representa un avance en la revisión de los procesos penales que han excedido los tiempos legales sin sentencia firme. La gestión del caso continuará bajo la supervisión de las instancias correspondientes, mientras se mantiene el cauce legal en los juzgados federales para determinar la situación jurídica definitiva de la implicada.
