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Next Energy denuncia ante la FGR al gobierno de Aguascalientes

La empresa Next Energy presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra autoridades de Aguascalientes por presunta persecución política y judicial.

Redacción Horizonte MX
Foto: sdpnoticias.com

La empresa Next Energy formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios del gobierno de Aguascalientes, acusando una supuesta persecución política y el uso faccioso de las instituciones locales. La compañía sostiene que la administración estatal ha emprendido acciones legales contra Eugenio Javier Maiz, representante de la firma, mediante la apertura de cinco carpetas de investigación por delitos que la defensa califica como fabricados.

De acuerdo con la representación legal de Next Energy, estas acciones responden a una estrategia de hostigamiento para presionar a la empresa en el marco de sus operaciones en la entidad. La denuncia presentada ante la autoridad federal busca que la FGR atraiga los casos, bajo el argumento de que el sistema judicial local carece de la imparcialidad necesaria para garantizar un debido proceso en este conflicto administrativo y legal.

El equipo jurídico de la compañía señaló que la apertura de múltiples investigaciones de manera simultánea es un mecanismo utilizado para desgastar a los directivos y obstaculizar el ejercicio de sus actividades comerciales. Según los denunciantes, no existen elementos probatorios que sustenten las acusaciones emitidas por las autoridades estatales, por lo que han solicitado a la instancia federal una revisión exhaustiva de los procedimientos iniciados en el estado.

Por su parte, las autoridades del gobierno de Aguascalientes no han emitido una postura oficial detallada tras la noticia de la denuncia federal, aunque han sostenido anteriormente que las actuaciones de la administración se apegan a la legalidad y al ejercicio de sus facultades de fiscalización. El caso se encuentra ahora en manos de la Fiscalía General de la República, la cual deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal contra los servidores públicos señalados por la empresa.

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