Persiste opacidad en 94 por ciento de los congresos estatales en México

Un análisis realizado a los portales web de los 32 Poderes Legislativos en México reveló que el 94 por ciento de los congresos estatales mantiene niveles críticos de opacidad en el manejo de sus recursos públicos. La investigación, actualizada a julio de 2026, destaca que la ciudadanía carece de acceso a datos básicos sobre el ejercicio presupuestal y, en la mayoría de los casos, los registros sobre el sentido de las votaciones de los legisladores son inexistentes o inaccesibles.

La falta de transparencia se extiende a la publicación de estados financieros detallados y contratos de servicios, lo que impide una fiscalización efectiva por parte de la sociedad civil y los órganos de control. En las entidades federativas evaluadas, se detectaron rezagos significativos en la actualización de las plataformas de transparencia, donde la información disponible resulta insuficiente para conocer el destino final de las partidas presupuestales asignadas a los grupos parlamentarios.

Especialistas en fiscalización señalan que esta opacidad debilita el sistema democrático al impedir que los ciudadanos conozcan cómo votan sus representantes en temas de interés público. La ausencia de un registro público y consultable del sentido de las votaciones en las sesiones de pleno contraviene las disposiciones constitucionales vigentes, las cuales obligan a los congresos locales a garantizar el derecho de acceso a la información.

Ante este panorama, organizaciones civiles han propuesto la implementación de sistemas estandarizados de gestión documental y contable para todos los congresos estatales. El objetivo de estas propuestas es armonizar las plataformas digitales y garantizar que la información financiera y legislativa sea pública, clara y verificable para cualquier persona, reduciendo así los márgenes de discrecionalidad en el uso del dinero de los contribuyentes.

Aunque algunos congresos han iniciado procesos de digitalización, los avances siguen siendo heterogéneos y, en muchos casos, la información que se presenta es incompleta o requiere de múltiples pasos para ser consultada. La persistencia de estas prácticas de ocultamiento continúa siendo uno de los principales retos para la rendición de cuentas en el ámbito legislativo a nivel nacional.