PSOE presenta estados financieros de 2025 sin aval de auditoría externa
El partido aprobó sus cuentas anuales sin fiscalización externa, mientras la gerencia enfrenta citaciones judiciales por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la trama Leire.
El PSOE aprobó formalmente sus estados financieros correspondientes al ejercicio 2025 el pasado 27 de junio, omitiendo el informe técnico de auditoría externa. La decisión se tomó tras la renuncia de la firma que tradicionalmente realizaba la fiscalización de los números del partido, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de sus recursos. Esta omisión ocurre en un momento crítico para la organización, que enfrenta escrutinio por parte de las autoridades judiciales.
Simultáneamente, un juez ha citado a declarar al gerente del partido para esclarecer su presunta participación en el financiamiento irregular de la denominada trama Leire. Las autoridades investigan si recursos operativos del instituto político fueron desviados hacia actividades no declaradas o esquemas de contratación ilícita. La investigación busca determinar la responsabilidad administrativa y penal sobre el manejo de las finanzas internas durante el periodo fiscal reciente.
Fuentes cercanas al partido señalan que la falta de auditoría se debe a dificultades logísticas y a la ruptura de relaciones con la consultora anterior. No obstante, el equipo administrativo asegura que los estados financieros cumplen con los estándares internos de contabilidad. Los representantes del instituto político han manifestado su disposición para colaborar con el Poder Judicial y aclarar cualquier inconsistencia que pudiera derivar de la revisión de sus registros financieros.
La ausencia de un aval externo ha intensificado las presiones desde diversos sectores políticos, quienes exigen mayor claridad sobre el uso de los fondos. En los últimos días, diversos actores han solicitado que la autoridad fiscal competente realice una revisión exhaustiva de las cuentas para garantizar que el financiamiento de las actividades partidistas se ajuste estrictamente a la normativa vigente. El caso permanece abierto bajo estricta vigilancia judicial para determinar el alcance de las irregularidades reportadas.
