Suman 43 víctimas de violencia política durante la gestión de Salomón Jara
En cuatro años de administración en Oaxaca, cinco presidentes municipales, ocho exediles, nueve líderes sindicales y 21 activistas han sido asesinados.
En los cuatro años que comprende la administración del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, un total de 43 personas vinculadas a la vida política, sindical y social del estado han perdido la vida en hechos violentos. De acuerdo con cifras oficiales, la lista de víctimas incluye a cinco presidentes municipales en funciones, quienes fueron ultimados durante el ejercicio de sus cargos en diversas regiones de la entidad.
El reporte detalla que, además de los ediles, la violencia ha alcanzado a ocho exalcaldes que fueron atacados tras concluir sus periodos de gestión. A estas cifras se suman nueve dirigentes de organizaciones sindicales y 21 defensores de derechos humanos, activistas y líderes de comunidades indígenas, quienes mantenían una participación activa en la agenda social del estado.
La incidencia delictiva contra actores políticos y sociales ha generado una constante preocupación en el ámbito estatal. Organizaciones civiles han señalado que la falta de condiciones de seguridad en ciertas regiones de Oaxaca ha dificultado la labor de quienes representan a las comunidades, exponiéndolos a riesgos que, hasta la fecha, las autoridades locales no han logrado mitigar de manera efectiva.
Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno estatal ha declarado que se mantienen las propuestas para fortalecer la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. El objetivo planteado por la administración de Jara Cruz es incrementar la presencia de la Guardia Nacional en las zonas con mayor índice de conflictividad política, con el fin de prevenir futuras agresiones contra funcionarios y líderes comunitarios.
La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones sobre estos casos, aunque el rezago en el esclarecimiento de los mismos sigue siendo un punto de crítica por parte de diversos sectores sociales. La administración actual sostiene que la colaboración con las instituciones federales es el eje central de su estrategia para recuperar la tranquilidad en los municipios con mayor vulnerabilidad, buscando establecer mesas de diálogo permanente entre los distintos niveles de gobierno.
