Vinculan a proceso a apoderada legal por presunta red de huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Guadalupe 'N', identificada como apoderada legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V. La imputada es señalada por su probable responsabilidad en actividades relacionadas con el tráfico y comercialización ilícita de hidrocarburos, en un caso que ha centrado la atención de las autoridades federales sobre el sector energético en Baja California.

De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público Federal, la empresa representada por la detenida habría facilitado la infraestructura necesaria para el almacenamiento y distribución de combustible sustraído de manera ilegal. Las investigaciones apuntan a que la compañía mantenía vínculos operativos con redes de extracción clandestina que operan en diversas zonas del estado, afectando directamente la infraestructura de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El caso ha generado relevancia pública debido a la presunta relación entre la empresa señalada y el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Según las autoridades ministeriales, existen elementos suficientes para presumir que la estructura corporativa de Ingemar S.A. de C.V. fue utilizada para dar apariencia de legalidad a operaciones financieras derivadas del robo de hidrocarburos, delito que es perseguido de oficio por la FGR en coordinación con la Secretaría de Energía.

Durante la audiencia celebrada este día, el juez de la causa determinó que la imputada deberá permanecer bajo medidas cautelares mientras se desarrollan las investigaciones complementarias. El plazo para el cierre de la instrucción judicial ha sido fijado para los próximos meses, periodo en el cual la defensa y la Fiscalía deberán aportar pruebas adicionales para determinar la responsabilidad penal directa de la apoderada legal en los hechos señalados.

Este proceso forma parte de la estrategia nacional para combatir el huachicol, una práctica que la actual administración federal ha priorizado a través de la intervención de la FGR y el apoyo de las fuerzas federales. Las autoridades han reiterado que las investigaciones continuarán hasta desarticular las redes de complicidad que permiten el flujo de combustible ilícito en el mercado nacional, sin importar los posibles vínculos de los implicados con actores políticos o empresariales.